Continúan las declaraciones por el caso de las Clínicas Vitaldent

En torno a una veintena de franquiciados y exfranquiciados de la clínica dental Vitaldent que denunciaron en 2013 el escándalo de la supuesta caja B de la cadena que acabó con su propietario, el uruguayo Ernesto Colman, en prisión, declararán como testigos ante la Audiencia Nacional a partir del martes.

Lo harán después de que el juez del caso, Manuel García Castellón, tomase declaración el pasado mes de abril a una tanda de investigados, entre ellos la exmujer de Colman, Gema García, y Patricia Betancort, exmujer de Bartolomé Conte, responsable de la empresa en Italia que también permaneció un tiempo en prisión.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la gran mayoría de los imputados siguieron la misma línea de declaración: se desvincularon de la supuesta caja B nutrida por las aportaciones periódicas de las franquicias y que llegó a recibir hasta 17,2 millones de euros anualmente.

Defendieron su gestión al frente de la cadena y acusaron a los franquiciados de no pagar los cánones correspondientes, cuyas quejas -dijeron- desconocían.

En la misma línea declaró la exmujer de Colman, que se desvinculó completamente de los negocios del empresario uruguayo y dijo desconocer la gestión que la cúpula de Vitaldent hacía de las clínicas o el supuesto sistema defraudatorio que idearon hacia los franquiciados, clientes, pacientes y la propia Hacienda.

Ahora es el turno de los denunciantes en la que será su primera declaración en la Audiencia Nacional desde que este tribunal asumiera la causa en julio de 2016 -con la oposición del entonces juez de instrucción Eloy Velasco- al comprender que es un caso 'de gran complejidad', sobre todo 'por el elevado número de franquiciados que participan en la operativa'.

Un día antes que los denunciantes, el lunes, comparecerán en calidad de investigados tres empleados de Vitaldent, algunos de ellos responsables del departamento de depósitos, donde aparecieron sobrecostes en materiales.

En abril de 2013 varios franquiciados de esta cadena de clínicas dentales denunciaron que parte de los ingresos que obtenían no los declaraban a Hacienda, sino que eran ingresados en cajas de seguridad o en paraísos fiscales.

Los investigadores cuantificaron en 17,2 millones de euros de euros el montante que la cúpula de Vitaldent ingresaba anualmente en B por parte de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.

Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada, pero además se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.
                              
Fuente: lavanguardia.com

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